TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 23 de mayo, 2016. -La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) ha presentado los resultados de su segundo monitoreo de cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública de este año 2015, en el que incluye a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) entre un grupo de instituciones oficiales que cumplen con efectividad al acceso sin restricciones de los ciudadanos a sus reclamos de informes.

El ente anticorrupción destaca que la OISOE, igual que han hecho otras entidades evaluadas al respecto, ha cumplido la ley, «colocando las informaciones de la institución en el portal web de la misma, calidad de la información relativa a la ejecución presupuestaria, declaración jurada de patrimonio de los que están obligados a presentarla, nominas de funcionarios y empleados, procesos de compras y contrataciones públicas, amigabilidad del manejo de la pagina y fácil interpretación de los datos aportados».

Este informe favorable a la OISOE llega nueve meses y ocho días después de la designación del ingeniero Francisco Pagán en la dirección de esa dependencia oficial, cuya gestión se ha caracterizado por un manejo transparente de sus recursos y operaciones en la construcción y licitación de obras escolares y sanitarias.

Una de las primeras medidas adoptas por Pagán en la OISOE fue reubicar y poner a operar plenamente la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, dando todas las facilidades a los ciudadanos que requieran de informes sobre el manejo de todo tipo de operaciones en esa institución. 

La organización destaca que la Oficina de Ingenieros   Supervisoras de Obras del Estado ha respetado el derecho que asiste a toda persona a «buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley…» 

El actual es el segundo monitoreo de ADOCCO en materia de respeto al acceso ciudadano a la información pública, en el que han salido favorecidos los ministerios de la Presidencia y Relaciones Exteriores, la Junta Central Electoral, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Alcaldía del Distrito Nacional, los ministerios de Trabajo, Interior y Policía, Obras Públicas, Cultura, Educación, Administrativo de la Presidencia, Administración Pública, Hacienda, Cámara de Diputados, Procuraduría General de la República, Suprema Corte de Justicia, Instituto Dominicano de Aviación Civil, Instituto Dominicano de Aviación Civil, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Dirección General de Aduanas y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

También calificaron la Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Electoral, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Liga Municipal Dominicana, Dirección General de Compras y Contrataciones, Departamento Aeroportuario, Instituto de Bienestar Estudiantil, Dirección General de Impuestos Internos, Consejo Nacional de Seguridad Social y las alcaldías de San Pedro de Macorís, San José de las Matas, Santo Domingo Este, San Juan de la Maguana, los Alcarrizos, Baní, Moca, Castillo, Villa Jaragua, Barahona, San francisco de Macorís, Puerto Plata y Sabana de la Mar.

Indicó que el Observatorio para el Cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública de ADOCCO ha venido desarrollando un programa de monitoreo de las instituciones centralizadas, descentralizadas, autónomas y los partidos políticos, en lo relativo al manejo transparente de los recursos públicos y los procesos de compras y contrataciones públicas y lo concerniente al cumplimiento efectivo de la ley 200-04 sobre la materia.

En esta tarea, agrega, ha logrado «medir la efectividad y disposición de las instituciones estatales que por el mandato de la constitución y la ley están obligadas a no solo cumplir la disposición, también a promover el uso del instrumento que hoy día puede representar para el uso correcto de los recursos públicos, puestos en manos de los administradores y de los cuales los ciudadanos tienen derechos a saber que se hace con los mismos».

Y anota que el uso constante de la herramienta provista por la ley permitió hacer el levantamiento, que califica de significativo, al grupo de instituciones públicas, centralizadas, descentralizadas y adscritas, «tomando en menor proporción las informaciones solicitadas por empresas, entidades de la sociedad civil y ciudadanos interesados en conocer, fiscalizar y evaluar, sobre la base de los datos proporcionados por usuarios de la herramienta legal y el derecho a los que tenemos los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, tomando en consideración lo amigable, comprensible, exactitud y confiabilidad de las informaciones servidas».

En sus conclusiones, la entidad señala que a partir del uso frecuente que ADOCCO ha dado a la ley, «podemos considerar que los avances en el cumplimiento de la citada ley es positivo si tomamos en consideración que de unas doscientas acciones de amparo incoadas desde el 2009 al 2014, por no entrega de información solicitada, se redujo al 2015 a una sola acción de amparo, contra la alcaldía del municipio de Higüey, provincia la Altagracia, información que se obtuvo en el tribunal, luego de varias audiencia”.

Otra recomendación de ADOCCO, orientada a evitar algunas trabas que afirma existen en algunas dependencias, sugiere colocar todas las informaciones que luego son, generalmente, » objeto de solicitudes y que los responsables de las oficinas ofrezcan las facilidades a los usuarios para que el llenado de las solicitudes se pueda hacer al momento de presentar la solicitud por parte del personal de la entidad, para que deje de seguir siendo una traba».