La mañana siguiente, el 10 de enero, el periódico más importante de Honduras, El Heraldo, informó de que la policía había capturado a un líder de la pandilla Barrio 18, acusado del asesinato de un policía meses antes. Junto al texto aparecía una fotografía del joven maniatado y tirado en el suelo. Tenía la cara envuelta en cinta adhesiva, golpes en el pecho y el brazo izquierdo atado sus espaldas, aparentemente dislocado, con una contusión a la altura del codo. La madre de Carranza, Blanca Alvarado, lo reconoció por sus tatuajes.

La foto fue distribuida a los medios por un agente de policía según tres personas cuya identidad mantenemos en reserva porque temen por su seguridad. Poco después funcionarios de la Dirección Nacional de Investigación Criminal reconocieron que existía una orden de detención contra Carranza y que había pasado por uno de sus calabozos.

Dos meses después, Carranza y Yadira desaparecieron. No están bajo arresto ni hay ninguna acusación judicial en contra de ellos. La policía dice que no sabe nada del caso.

“A estas alturas”, dice la madre de Carranza, “ya sólo se puede pensar en la muerte”.

La policía de Honduras ha sido acusada durante décadas de actuar más como asesinos que como funcionarios que defienden y aplican la ley, pero pocos casos han sido investigados. En 2011, policías asesinaron al hijo de la rectora de la Universidad Nacional y a uno de sus amigos y se les acusa de estar implicados en el asesinato de un reconocido periodista de la radio.

Antes, la universidad había hecho público un informe en el que se reconoce que la policía ha estado implicada en la muerte de 149 hondureños entre 2011 y 2012.

En los últimos tres años, el Ministerio Público ha recibido al menos 150 denuncias de casos que podrían calificarse como asesinatos perpetrados por escuadrones de la muerte en Tegucigalpa operados presuntamente por la policía y al menos 50 más en San Pedro Sula, capital económica del país.

El mismo informe de la Universidad Nacional dice que 25 miembros de Barrio 18 fueron asesinados por la policía en 23 meses.

“No tengo ninguna duda de que existe una política de limpieza social desarrollada por las autoridades”, dijo un funcionario familiarizado con las investigaciones que no puede revelar su identidad porque teme por su vida.

Tras las Huellas Digital